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¿Cuáles son los efectos de la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia?

Hay ciertos casos en los que un conductor puede ser requerido para someterse a pruebas de alcoholemia. Esto ocurre cuando, por ejemplo, un conductor ha estado involucrado en un accidente de tránsito, cuando hay un control preventivo de alcohol en la sangre o cuando se ha cometido una infracción de tráfico y hay signos de conducir bajo la influencia del alcohol.

Ahora, ¿qué sucede si, a petición de un oficial de policía, un conductor se niega a someterse a la prueba? ¿Se puede también condenar a alguien por el crimen de alcoholímetro, aunque no se pudo demostrar mediante la prueba una tasa más alta de aire inhalado a 0,60 mg por litro?

El artículo 383 del Código Penal es responsable de definir la negativa a realizar las pruebas mencionadas a petición de un agente de la autoridad. Respetando la literalidad de la ley, el precepto criminal establece lo siguiente:

“El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se niega a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la verificación de la BAC y la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (…), será castigado con sanciones de prisión de seis meses a un año y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante más de uno y hasta cuatro años “.

Como se ve, esta denegación se concibe como un delito contra la seguridad vial punible con una pena que consiste en el encarcelamiento y la privación del derecho a conducir. Esto evita la picaresca que sucedió hace años antes de las reformas del código penal, en el cual a nivel de pena, era preferible cometer el delito de desobediencia en lugar de conducir bajo la influencia del alcohol desde antes de la reforma. El primer crimen no lo hizo involucrar el retiro de una tarjeta. En la actualidad, como se ha indicado, el delito de desobediencia por negarse a someterse a la prueba de alcohol en sangre implica en cualquier caso la privación del derecho a conducir, que en realidad tiene una pena más agravada por condenar a prisión, mientras que Breathalyzer puede ser una multa.

Además, según lo establecido por el Plenario de la Sala de la Corte Suprema en Sentencia del mes de junio de 2017, según la jurisprudencia reciente, un juez puede condenar ambos crímenes al mismo tiempo: Es decir, por un lado, por el delito Alcoholímetro si , a través de los síntomas físicos, la influencia del alcohol puede liberarse al conducir y, por el otro, el delito de desobediencia por negarse a someterse a la prueba requerida por la policía. El Alto Tribunal ha dictaminado que es perfectamente compatible que hay una condena por conducir en estado de ebriedad en la misma sentencia y otra por negarse a someterse a pruebas de alcoholemia, y que con esta doble convicción no se viola el principio de proporcionalidad ni tampoco principio “non bis in idem”, ya que lo que pretende el legislador es “reforzar más eficazmente la protección penal de los importantes derechos legales personales que están detrás de los riesgos del tráfico rodado”

Sin embargo, para que una persona sea condenada por el delito de desobediencia a someterse a pruebas de alcohol, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Requisito expreso y directo del agente de la autoridad.

Negativo expreso y directo de lo requerido.

Conciencia de que la negativa a someterse a la prueba puede tener las consecuencias penales mencionadas y que están reguladas en el artículo 383 del CP.

Persistencia en el rechazo de lo requerido.

Además, a veces los agentes de la autoridad requieren una segunda prueba (si el resultado de la primera excedió la tasa reguladora o presente la persona examinó síntomas obvios de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias narcóticas), como se establece en el propio precepto “para una mayor garantía y efecto de contraste “. La doctrina es clara al considerar que el conductor que se niega a realizar esta segunda prueba no puede quedar exento de responsabilidad penal por el mero hecho de haber sufrido la primera, dado que la precisión de los etilómetros con los que se practica es la menor cuestionable. Esto lo entienden los Jueces y Tribunales y es también la interpretación que sigue al Fiscal General del Estado en su Circular 10/2011 sobre unificación de criterios. En este sentido, agregue que el requerido tiene el derecho de contrastar los resultados obtenidos en las pruebas mediante análisis de sangre, aunque dicho derecho solo lo ayuda a haber realizado previamente las pruebas para las que se le había requerido.